Fórmulas transitorias, gestos simbólicos. Luis Sanzo

En un artículo en La Vanguardia, Jordi Amat propone explorar fórmulas transitorias para abordar el conflicto catalán, a modo de lo que en 1977 representó el restablecimiento de la Generalitat.

Conviene recordar que el pacto entre Suárez y Tarradellas no resolvió en aquel momento el problema de la integración de Cataluña en una nueva España democrática, algo que hizo la Constitución, sino que se limitó a un hecho esencialmente simbólico: la instauración de un régimen preautonómico sin poder realmente efectivo. Pero esta acción simbólica tenía sentido y valor porque anticipaba el contenido del marco constitucional que iba a hacer realidad la autonomía catalana.

A diferencia de 1977, cuando se restablece de forma provisional la Generalitat, no se trata sin embargo en la actualidad de recuperar una institución liquidada por un régimen hostil. Tampoco resulta necesario conocer, a través de alguna consulta, la correlación de fuerzas entre las partes en conflicto, algo que está meridianamente claro para quien quiera ver. La cuestión central está en redibujar las bases de lo que podría volver a sustentar un sistema político compartido o, en caso de que ello fuera por completo inviable (pero hubiera voluntad de acuerdo democrático), establecer el marco jurídico que regulara el procedimiento para una separación acordada.

En términos políticos, en ausencia de ese tipo de acercamiento, cualquier otra salida parece abocada a la prolongación o exacerbación del conflicto. Si hubiera acuerdo para un nuevo modelo de Generalitat (federal, confederal, o lo que fuera) un gesto simbólico, como el establecimiento de una institución provisional, o un referéndum consultivo que tanteara el apoyo al nuevo modelo pactado, tendría sentido. Sin él, no generaría sino mayor confusión política y social.

La cuestión es algo más compleja, además, y desborda el ámbito político catalán. Existe sin duda un conflicto sobre el futuro de Cataluña pero, desde hace tiempo, se está gestando algo todavía más problemático: un conflicto sobre el futuro del conjunto de España o, dicho en este caso muy correctamente, del Estado español. En la actualidad sería un gran error creer que sólo estamos ante un problema de integración de Cataluña en España. Son más bien las bases del pacto constitucional de 1978 las que están en crisis, en especial en todo lo relativo a la solución de la cuestión de las nacionalidades. Y esa crisis no se relaciona sólo con la posición independentista catalana, quizás ya ni siquiera principalmente con ella. Lo más relevante es que ganan adeptos quienes defienden una estrategia de redefinición del modelo constitucional desde posiciones favorables a un nítido reforzamiento del papel del Estado.

La cristalización política de una España más cerrada en sí misma y más autoritaria en su aproximación a la cuestión nacional no es hoy una quimera. Es un escenario que ya no puede dejar de considerarse. Es de hecho la base del “pánico a la derecha” que, como sugiere Miquel Puig (Una estratègia per al diàleg), condiciona la posición política de las fuerzas independentistas en su relación con el Gobierno Sánchez. Una posición que en la actualidad parece de casi total subordinación política.

De esta forma, la esperanza del independentismo consiste en avanzar a partir de pactos con el actual Gobierno de España, pensando que en tal empeño este gobierno contaría con el apoyo de otras fuerzas del Estado, incluso con el de la propia Monarquía. Miquel Puig defiende en este contexto una solución política-jurídica más sólida que la que supuso el Estatut de 2006. Algo que, a la vista de lo ocurrido con ese Estatuto, exigiría algo más que un acuerdo entre las fuerzas catalanistas, Podemos y el PSOE para ser viable.

En realidad, la única fórmula transitable que evite la profundización en el conflicto es el trabajo político por alcanzar un pacto amplio sobre el futuro de Cataluña y de España. Algo que, para tener éxito, debe pensar en sentar en torno a la misma mesa a todas las fuerzas políticas, al menos a aquellas sin cuya participación no sería posible pensar en una sociedad políticamente estable. Es el verdadero gesto simbólico que habría que esperar en una España que apostara realmente por una estrategia de solución compartida.

Si alguien se pregunta sobre la viabilidad de este gesto, sería imprudente pensar en dar una respuesta afirmativa. Y ello refleja bien a las claras la profundidad de la crisis y la difícil viabilidad de las propuestas que se formulan para avanzar en una solución. Y es que, a diferencia de la Transición, las fuerzas políticas no se mueven desde planteamientos de reconciliación y superación de la desconfianza mutua ni se plantean, salvo excepciones, un escenario político pactado con las fuerzas antagonistas.

Es por tanto difícil pensar en fórmulas transitorias y gestos simbólicos que sean capaces de ir más allá de lo que impulsa en cada momento el interés táctico de las partes en conflicto. Porque, sin voluntad real de acercamiento, difícilmente podrá avanzarse en lo que Raimon Obiols señalaba en un artículo reciente sobre las lecciones de la Transición: la necesidad de extender, para alcanzar los propios objetivos, las alianzas políticas y el convencimiento en sectores amplios de la opinión pública. Un convencimiento que, si pretende extenderse al “enemigo”, necesariamente deberá venir acompañado de algún tipo de oferta de reconocimiento, lealtad y confianza mutua.

Porque eso fue también, en alguna medida, la Transición. Nada que parezca estar a la vista en la España y en la Cataluña de hoy.

NOTA A PIE DE PÁGINA

En su edición alavesa del 31 de diciembre de 2018, el periódico vasco El Correo publica una noticia en la que señala, en declaraciones de Javier Maroto, que la primera medida que tomará el Partido Popular, si vuelve a gobernar en España, será aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución. “Y ya no será blandito”. “Hay que intervenir la televisión pública, la Educación, la Justicia y los Mossos. Y no debe durar dos meses sino mucho más”, señala Maroto.

Las afirmaciones del dirigente popular no son únicamente reflejo de una determinada línea estratégica. Representan ante todo una enmienda a la totalidad de la acción que Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría desarrollaron en Cataluña, con una aplicación del artículo 155 que, además de su transitoriedad, se caracterizó por el mantenimiento real de la estructura política casi íntegra del gobierno independentista, excepción hecha de la línea de liderazgo del Govern.

Es obvio que España se dirige de lleno hacia el conflicto. Pero la solución sólo pasará por el acercamiento, un objetivo en el que debería empezar a trabajarse cuanto antes, definiendo propuestas positivas, susceptibles de ser apoyadas por una gran mayoría de la población catalana o vasca pero también por la mayor parte de la población española.

El camino será largo.

Aquí puede verse la portada de El Correo.